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Carta de Centroamérica
Marzo 1999
 
 
NOTICIAS

Con fecha del 3 de marzo de 1999, el Rdmo. P. General, con el voto de sus Consultores, ha nombrado al P. José Joaquín González como Consultor Provincial de Centroamérica hasta terminar el trienio 1998-2001; sustituye al anterior Consultor P. Rafael Villalobos. 

El Gobierno Provincial ha designado como Prefecto de Formación al P. Ismael Montero, que seguirá ejerciendo además el delicado cargo de Formador de nuestros Estuadinates Teólogos.

El Gobierno Provincial de Centroamérica queda por tanto así:

Superior Provincial: P. Santiago Najarro

Consultor Prefecto de Apostlado: P. Luis Gonzalo Mateo

Consultor Prefecto de Economía: P. José Sentre

Consultor sin Prefectura: P. José Joaquín González 

Prefecto de Formación, sin ser consultor, P. Ismael Montero

Con la Prefectura de Pastoral Juvenil Vocacional, sin ser Consultor, P. Omar Ulate

 

P. Santiago Najarro: Ha estado haciendo Ejercicios en la primera tanda y se quedó e San José de Costa Rica durante la segunda para dar ocasión a quienes quisieran hablar con él. No debió tener mucho trabajo estos días, pues ya antes había pasado por las diferentes casas del norte. El 16 de enero estaba en Centro Claret, donde se ordenaba el P. Raúl; pudo visitar a nuestros hermanos de Santa María, Peronia, Ciudad San Cristóbal y convivir con los Novicios. También sacó tiempo para irse a El Estor y Livingston, pasando por Puerto Barrios y hablar con el Obispo.

El 23 pasaba a Honduras; dialogó con los claretianos de San Pedro Sula, Arizona, San Juan Pueblo, La Ceiba y se pasó a las Islas de la Bahía, para ver al P. Faro envuelto en desastres del huracán Mitch.  De regreso se quedó en Tela y San Pedro Sula. Los destrozos todavía están patentes a lo largo de las carreteras, en los campos de cultivo, en las bananeras, pero sobre todo en los rostros -y un tanto en los ánimos- de los hondureños que no atinan con la salida de emergencia en este caos.  Hay más de un millar de contenedores en el Puerto, llenos de ayuda, y no hay nadie que se encargue de recogerlos y distribuir su contenido; el gobierno "dic" que no tiene dinero para los fletes... Malo fue el Mitch, pero es peor convivir con los destrozos sin meter el hombro para remediarlo. El pueblo no está muerto y enterrado bajo los escombros, pero pareciera estar dispuesto a subvivir entre las ruinas. 

El dìa 1 de marzo volaba a San Salvador; se entretuvo con los Estudiantes Teólogos y luego pasó a Managua, donde lo esperaban los Filósofos. Daniel tiene 3 nuevos Aspirantes que estudian primero de Filsofía; Rodolfo tiene cinco de segundo; no hay ninguno en tercero. El 21 llegaba a Panamá.

P. Luis G. Mateo: En el mes de Febrero participa en la 2ª tanda de Ejercicios en Costa Rica; ya había participado en los Encuentros Bíblicos en la Diócesis de Colón - Kuna Yala. Ha tenido varias reuniones promoviendo la formación de un grupo de Seglares Claretianos en la capital panameña..

En Marzo viaja a Perth Ambroy, New Jersey a dar una misión en esta Parroquia claretiana. Está organizando el III Encuenro de Pastoral Urbana y suburbana para el próximo mes de abril en Centro Claret, Guatemala.

José Sentre: Ha pasado visita pericial a las Comunidades de Costa Rica, Guatemala, Honduras, San Salvador y Managua. Pasada la Fiesta de Pascua piensa hacerlo con las Comunidades de Panamá.

 

Ejercicios Espirituales.Cuarenta y cinco miembros de la Provincia nos hemos reunidos en la Casa de San José de Costa Rica para hacer los Ejercicios Espirituales de este año 1999. El P. Severiano Blanco ha tenido la gentileza de ayudarnos a reflexionar sobre el tema del Seguimiento de Cristo según San Antonio María Claret en nuestra tierra centroamericana. Nos recalcó que el principal director era el Espíritu Santo y que cada uno tendría que vérselas con El. Nos recomendaba hacer silencio para poder escucharlo; entrar en el desierto, donde el Señor habla al corazón...

Ordenación de Hugo Asturias. Se realizó el día 6 de marzo en la Parroquia San Antonio M. Claret de Guatemala. El Obispo ordenante fue Mons. Ríos Mont, Auxiliar de Guatemala. Ha sido la segunda ordenación, en menos de un mes, realizada en esa Parroquia. Guatemala va aportando a la causa claretiana nuevos miembros que saben entregarse por el Reino. Hugo está en Darién, Raúl en tierras chapinas de Izabal... ¡Animo, enhorabuena y adelante!

Destino, Canadá. El P. General ha tenido a bien destinar al P. Fernando Ferrera, de la Comunidad de San José, a Canadá. La Visa de entrada se está demorando más de lo previsto pero se está trabajndo en ello. Fernando lleva un encargo muy preciso: trabajar en la promoción vocacional. Que el Señor te bendiga en esta labor tan necesaria en nuestros días para Canadá y para toda la Congregación.

Informe Tomuschat

(El Periódico, Guatemala, 26 de febrero 1999)

Uno de los testigos lleva en su morral restos de huesos de una víctima. Me duele cargarlos, es como cargar la muerte; no voy a enterrarlos todavía. Sí quiero que descanse, descansar yo también, pero todavía no puedo, son la prueba de mi declaración. Quiero un papel que diga: "Lo mataron y no tenía delito, era inocente". Entonces vamos a descansar.

Desde la última hilera de butacas de la platea del Teatro Nacional, se distingue la cabeza del presidente Alvaro Arzú, sentado en primera fila. A su izquierda (huelga el comentario) se encuentra una cabeza más poblada, la de Gustavo Porras.

Al teatro no le cabe un alma más, han debido cerrar ya las puertas de acceso y, en el lobby, bajo la gran lámpara, se agrupan quienes llegaron más tarde a presencia la entrega del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. 

Tendrán que conformarse con verlo todo desde las pantallas gigantes.

En el escenario, Jorge Soto o Pablo Monsanto se sienta junto a Raquel Zelaya, a quien el Presidente nombró para que recibiera el documento en nombre del Gobierno. En medio se encuentra Alvaro Soto, ex negociador de la paz salvadoreña y representante del secretario General de la ONU. Más allá, los comisionados Christian Tomuschat, alemán conocedor de Guatemala desde sus tiempos como experto asesor en materia de derechos humanos; un ladino, Alfredo Balsells, y una indígena, Otilia Lux de Cotí.

Entre el público se encuentran embajadores, obispos y diputados, ministros y funcionarios, una desnutrida porra de la URNG, decenas de activistas de derechos humanos y familiares de víctimas.

Las mantas del Grupo de Apoyo Mutuo, las viejas consignas ("Asesinos, asesinos", en referencia a los militares, "Oliverio, dónde está") dan a la jornada un aire de otros tiempos. Y de no ser porque a última hora los gritones prefieren abortar el llamado a la venganza con el estribillo (de porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados...), aquello hubiera podido situarse en el año 84.

Duro. Primero habla Alfredo Balsells. Dice poco, pero arranca una ovación de más de res minutos cuando menciona a Juan Gerardi.

La indiscreta cámara que hace un paneo para mostrar a los asistentes aplaudiendo, sorprende al presidente Arzú. En la gran pantalla situada en el escenario, aparece el mandatario, primero con su tímido aplauso y luego, ante los gestos de Porras, cuando se pone de pie en homenaje al obispo.

En uno de esos incómodos silencios producidos entre el anuncio del presentador (Carlos de Triana) y el acceso al podio del próximo disertante, una mujer de pañuelo al cuello se levanta de en medio de la platea y pide al Presidente que suba al escenario a recibir el informe.

Las primeras palabras de Otilia Lux, pronunciadas en quiché, habrán de ser las únicas de la jornada en un idioma maya.

Raquel Celaya habla de la no prescripción de los delitos de lesa humanidad; Pablo Monsanto alega la importancia de conocer la verdad, y Alvaro Soto recuerda que verdad no sustituye a justicia.

Pero cuando el enviado de la ONU saluda la presencia del Presidente, se escucha un abucheo en el teatro.

Arzú, que se ha sostenido la quijada o ha mantenido el dedo en la boca, voltea a hablar con Porras por enésima vez. A la hora de la entrega del informe, las exhortaciones para que él reciba el documento se multiplican.

Directo. Con grandes prisas han entrado a la platea Nineth Montenegro, la precursora en la búsqueda de los desaparecidos, y su hija, la única descendiente del sindicalista Fernando García. También ha llegado tarde Francisco Reyes López, del FRC, quien se sitúa bajo la incómoda luz de un reflector. De modo que, cuando Tomuschat toma la palabra, par resumir en unas líneas el contenido del informe, la audiencia está completa.

Tomuschat menciona directamente a Estados Unidos, y el público celebra con un fuerte aplauso. Esta vez Arzú palmea con entusiasmo. Poco después, cuando el comisionado se refiere a la intromisión de Cuba, sus manos y la de la mayoría de asistentes parecen perder fuerza.

El comisionado se refiera a las 32 masacres atribuidas a la guerrilla y a los ajusticiamientos arbitrarios de combatientes. Luego habla de la violencia del Ejército y del Estado con cifras estremecedoras y vuelven los gritos de "asesinos" y se vuelve a pedir "justicia". Viene pronto un mensaje directo a los generales, a Efraín Ríos Mont, cuando habla de que ninguno puede alegar autonomía de acción de parte de sus subalternos para exculpar de las masacres. Y Reyes López, que se encuentra en el rincón iluminado, sonríe a medias cuando escucha el canto de "primero Pinochet, ahora Ríos Mont", que los integrantes del GAM corean. Lo que sigue son puros aplausos para Tomuschat, al pedir la depuración del Ejército y la Exhumación de los cementerios clandestinos por parte del Estado. La concurrencia ofrece una ovación de pie a los comisionados, Arzú sube al escenario a saludarlos y se escabulle de la Prensa para volver, a salvo, a su despacho.

El informe llegará a internet

Los esfuerzos por difundir el contenido del informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico llegarán hasta la red de computadoras. A partir de la semana entrante, (primera de marzo) el texto completo del informe (3.500 páginas) se encontrará en la dirección http://hrdata.aaas.org/ceh La organización American Association for Advancement of Science se encargará de hacerlo. 

 

LA TRAGEDIA INMENSA DE GUATAMALA

Los 19 puntos que aquí se presentan fueron seleccionados y editados por el Periódico, de entre las 152 conclusiones del informe Guatemala, Memoria del Silencio, que fue declarado público ayer por el Secretario General de Naciones Unidas.
Negación del estado de derecho. El Estado no respondió a las legítimas demandas sociales, en cambio formó una intrincada red de aparatos paralelos de represión que suplantaron a los tribunales. Fue un sistema punitivo ilegal y subterráneo dirigido por la G-2. La impunidad caló hasta apoderarse de la estructura del Estado. Los órganos de justicia se volvieron inoperantes y perdieron toda credibilidad; permitieron que la impunidad se volviera un mecanismo para mantener el terror.

Las raíces de la guerra. Injusticia estructural, cierre de espacios políticos, racismo, renuncia a impulsar reformas sustantivas que pudieran haber reducido los conflictos, son factores que determinaron el estallido del enfrentamiento.

El mito de la guerrilla. Se magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia. Sólo así se explica que la mayoría de víctimas eran civiles. El Ejército conocería la organización, número de efectivos, tipo de armamento y planes de los guerrilleros; sabía que no representaban una amenaza para el sistema.

Quebrar la cultura. Apoyado en tradicionales prejuicios racistas, el Estado agredió masivamente a las comunidades mayas, con indiferencia a su condición de población civil. No sólo se buscó quebrar las bases sociales de la guerrilla, eliminando las posibilidades presentes y futuras de que la población se insurreccionara, sino degradar los valores culturales que aseguran la cohesión y acción colectiva de la población.

El peso racial. Un factor que explica la especial saña e indiscriminación con que se realizaron las masacres contra centenares de comunidades mayas entre 1981 y 1983.

Militarizados. La militarización del Estado y la sociedad fue un objetivo estratégico del Ejército, que penetró en las instituciones y espacios políticos, sociales e ideológicos entre 1980 y 1985, hasta alcanzar un control paralelo de bajo perfil, pero alto impacto.

El nombre del miedo. La G-2 ha controlado a la población, al Estado y al propio Ejército, activando mecanismos clandestinos, lo que volvió inútil cualquier investigación judicial y policial. Ese control se ha basado en una amplísima red de informantes infiltrados.

Cárceles clandestinas. Se usaron en casi todas las instalaciones militares, en muchas policiales y en locales privados. Las víctimas fueron objeto de torturas, tratos crueles y degradantes. Quienes recobraron su libertad parcial fueron obligados a trabajar para el Ejército.

Máquinas de matar. La extrema crueldad de los métodos de entrenamiento de los kaibiles incluyó matar animales, comérselos crudos y beber su sangre para evidenciar valor.

Heridas abiertas. Gran número de personas por temor a represalias, sigue callando sus sufrimientos. La convivencia entre víctimas y victimarios reproduce el clima de miedo.

Pérdida de la palabra. La opinión de los ciudadanos, escritores, poetas, políticos y periodistas estuvo sujeta a los riesgos de la represión. El precio fue muy alto por las vidas perdidas y porque el país se silenció, se incomunicó.

Delito ser maya. Se trastornó el ciclo de las celebraciones y ceremonias en las comunidades, se profundizó el ocultamiento de sus rituales.

El costo económico. Las pérdidas cuantificables entre 1980 y 1989 equivalen al 121 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1990.

El infierno. Niños indefensos a quienes se dio muerte golpeándolos contra paredes o tirándolos vivos a fosas en que se lanzaron los cadáveres de los adultos; amputación de miembros, empalamientos, personas rociadas con gasolina y quemadas vivas; extradición de vísceras de personas todavía vivas.

Los desaparecidos. La desaparición forzosa constituyó una práctica sistemática que correspondió a operaciones de inteligencia.

Los escuadrones. Unidades clandestinas cuyos medios eran proporcionados por el Ejército, especialmente la G-2.

Enemigos de clase. Fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias de la guerrilla, propietarios agrícolas y empresarios a quienes se incluía en un concepto amplio de enemigo.

Fusilamientos. Aplicando su justicia revolucionaria, la guerrilla mató a combatientes por intentos de deserción.

Los comandantes. Gran parte de los hechos señalados a la guerrilla se produjeron con conocimiento de jefes.

 

LAS RECOMENDACIONES DE LA CEH

- Un programa nacional de reparación, que incluya la significación de la memoria de las víctimas, la divulgación de la verdadera historia del enfrentamiento armado y medidas puntuales de resarcimiento colectivo e individual, y en especial a beneficio de las víctimas social y económicamente más débiles.

- Que el Estado emprenda una política activa de exhumaciones de los cementerios clandestinos aún existentes, así como la identificación final del paradero de los desaparecidos.

- Que el Estado cumpla y haga cumplir la ley de Reconciliación Nacional, persiga y enjuicie a los responsables que son excluidos de esta ley.

- Que el Presidente de la República, en virtud de sus atribuciones constitucionales, establezca una comisión que examine la conducta de los oficiales del Ejército, y de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en activo durante el período del enfrentamiento armado y proceda a su depuración.

- Que se fortalezca el sistema de justicia, el respeto de los derechos humanos, la educación cívica, la promoción de una cultura de respeto mutuo, la difusión de la verdad histórica del enfrentamiento armado. Además se sugieren reformas legislativas que definan una nueva función del Ejército y una nueva doctrina militar, el reforzamiento del carácter civil de la PNC.

- Para avanzar en la senda de la reconciliación es necesario que el Presidente de la República y la ex comandancia de la URNG reconozcan los hechos descritos en el informe, asuman las responsabilidades y, finalmente, pidan perdón a la sociedad entera.

- Que se establezca una entidad nacional de seguimiento que apoye, impulse y vele por el cumplimiento de las recomendaciones de la CEH.

 

Genocidio: Con gran consternación la CEH concluye que, en el marco de las operaciones contrainsurgentes entre 1982 y 1983, agentes del Estado cometieron actos de genocidio. Cuando integramos la CEH, dijo, Christian Tomuschat, sabíamos a grandes rasgos lo que había acontecido en Guatemala. Sin embargo, ninguno podía imaginar la dimensión de esta tragedia.

La CEH conoció la extrema crueldad con que se perpetraron muchas de las violaciones, así como la gran cantidad de niñas y niños, víctimas de actos crueles y asesinatos, y el ensañamiento en contra de las mujeres, especialmente en contra de las mujeres mayas, torturadas, violadas sexualmente y asesinadas.

Esta magnitud y la inhumana irracionalidad de la violencia que azotó el país no pueden ser explicadas simplemente como consecuencia de un enfrentamiento armado entre dos partes. Concluimos que la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala, así como el racismo, el cierre de los espacios de participación y las reformas sustantivas del Estado constituyeron los factores que determinaron su origen uy su estallido. Constatamos la participación de los grupos de poder económico, los partidos políticos, los universitarios y las iglesias, así como otros sectores de la sociedad civil. 

La explicación de fondo no puede reducirse a una lógica de dos actores armados. Esta no explica ni podría fundamentar la persistencia y la significación que tuvo la participación de los partidos políticos y fuerzas económicas en la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia; ni los repetidos esfuerzos organizativos y la constante movilización de sectores de la población que luchaban por alcanzar reivindicaciones económicas, políticas y culturales.

USA y Cuba: Las investigaciones demuestran que, hasta mediados de la década de los 80, hubo fuertes presiones de los Estados Unidos de América y de empresas norteamericanas, para mantener la arcaica e injusta estructura socioeconómica del país. Además, su Gobierno, a través de diversas dependencias, incluyendo la CIA, apoyó algunos operativos ilegales del Estado. La CEH también tiene información del apoyo brindado por Cuba a las organizaciones guerrilleras, lo que incluyó la formación militar de combatientes.

La Doctrina de Seguridad Nacional fue una de las bases teóricas que produjeron la tragedia nacional. Según ésta, la estrategia contrainsurgente definía explícitamente como enemigo no sólo a los integrantes de las organizaciones insurgentes, sino también a todos aquellos ciudadanos que podrían ser calificados como opositores. La aplicación de esta teoría explica, con estremecedora claridad, por qué la enorme mayoría de las víctimas no fueron combatientes, sino civiles; algunos murieron por sus ideales, otros en acciones totalmente indiscriminadas.

Durante gran parte del enfrentamiento, creyendo que el fin lo justificaba todo, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad del Estado persiguieron ciegamente la lucha anticomunista, sin respetar ningún principio jurídico, ni los más elementales valores éticos o religiosos, para llegar así a la completa pérdida de la moral humana.

Operaciones represivas: La CEH constató significativas diferencias en la distribución territorial de las operaciones represivas y de la frecuencia de las violaciones perpetradas por el Estado. 

De 1962 a 1970, se concentraron en el Oriente, en la capital y la Costa Sur. Las víctimas eran miembros de las organizaciones gremiales rurales, campesinos, profesores y estudiantes universitarios y secundarios.

De 1971 a 1977, los operativos ilegales fueron más selectivos y dispersos; esta vez las víctimas fueron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes. Fue en estos años que la represión cobró más víctimas entre los intelectuales, los dirigentes y, en general, los ladinos de la capital.

Entre 1978 y 1985, se registra el período más sangriento del enfrentamiento armado. Se cobró la mayor parte de las víctimas en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la costa sur y en la capital. 

En este último periodo, entre 1986 y 1996, los operativos tuvieron un carácter más selectivo, afectando en proporción similar a indígenas y ladinos.

La población maya ha pagado el tributo más alto a la lógica irracional del enfrentamiento. Entre 1978 y 1983, el Ejército identificó a grupos del pueblo maya como aliados naturales de la guerrilla. Esta falsa convicción incrementó y agravó las violaciones que se perpetraron contra el pueblo maya, evidenciando agresivos componentes racistas y de extrema crueldad. Se llegó al exterminio masivo de comunidades mayas inermes, a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y aplicando un método cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado.

Mediante las masacres y las denominaciones de "tierra arrasada", planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, se destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos esenciales de sobrevivencia. La CEH registró 626 masacres cuya autoría atribuye a fuerzas del Estado. Estableció que muchas otras violaciones respondieron a una política superior, estratégicamente planificada, que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica y coherente. 

Teniendo en cuenta las definiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, con gran consternación, la CEH concluye que, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado de Guatemala cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya.

El sistema judicial del país, por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, contribuyó al agravamiento de los conflictos sociales e distintos momentos. La impunidad caló hasta apoderarse de a estructura misma del Estado y se convirtió tanto en un medio como en un fin.

La guerrilla cometió actos de violencia que conculcaron el derecho a la vida, mediante ejecuciones arbitrarias de miembros de la población civil o de particulares indefensos, algunos de ellos vinculados al enfrentamiento, como los comisionados militares y los patrulleros civiles. La CEH comprobó que también fueron responsables de ejecuciones arbitrarias de miembros de sus propias organizaciones.

El secuestro de personas indefensas fue empleado reiteradamente por la guerrilla. Estaban dirigidos contra personalidades del mundo político, diplomático o empresarial de Guatemala. En unos casos, los secuestrados, entre éstos un embajador extranjero, fueron ejecutados posteriormente.

La mayoría de las violaciones conocidas por la CEH y perpetradas por agentes paramilitares afines al Estado, se produjo con el conocimiento o por orden de las más altas autoridades militares. 

La CEH cuenta con evidencias de distinto origen que demuestran que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial (EMP), fueron los autores intelectuales y los organizadores directos de capturas, interrogatorios ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones.

La excusa de que los mandos subalternos actuaron con un amplio margen de autonomía, con la que se trataba de justificar que se cometieron excesos y errores que no fueron ordenados por los superiores, es un argumento sin sustentación ni base alguna.

Sobre la base de que se cometió genocidio, la CEH concluye que –sin perjuicio de que los sujetos son los autores intelectuales y materiales del crimen- en los actos de genocidio cometidos en Guatemala existe también responsabilidad del Estado, y esto debido a que, en su mayoría, estos actos fueron producto de una política preestablecida por un mando superior a sus autores materiales. El Estado también incumplió su obligación de investigar y castigar los actos de genocidio cometidos en su territorio.

Gran parte de los hechos de violencia que investigamos, cuya autoría atribuimos a la guerrilla, se produjeron también con el conocimiento de los altos mandos militares de estos grupos armados.

De los atentados contra la vida de las personas y otras violaciones del derecho internacional humanitario, cometidos por la URNG o por las organizaciones que la conformaban, se deriva una ineludible responsabilidad de los rangos superiores de la estructura de la guerrilla.

Es indudable que la verdad beneficia a todos: las víctimas, cuyo pasado ha sido denigrado y manipulado, se verán dignificadas; por el reconocimiento de sus actos criminales, los victimarios podrán recuperar también la dignidad, de la cual ellos mismos, con sus actos, se privaron. 

 

REACCIONES.
Unos a favor, otros en contra.

Donald Planty, embajador de Estados Unidos. El informe es apropiado. Los abusos fueron cometidos por guatemaltecos contra otros guatemaltecos, ellos tienen que reflexionar. Es una interpretación errónea decir que empresas multinacionales de mi país son las responsables por la estructura económica de Guatemala.

Eduardo Stein, canciller. El informe resalta una de las mayores vergüenzas históricas para el país, donde los ladinos, sabiendo lo que ocurría, no reaccionamos y las estructuras institucionales fracasaron. Los responsables de esas decisiones ya no son miembros de ninguna institución del Gobierno; por lo tanto, la responsabilidad es de ex funcionarios.

Pedro Palma Lau, ex comandante guerrillero. El informe fue estremecedor. Puso en evidencia la forma en que la violencia institucionalizada afectó a los guatemaltecos. Al escuchar la verdad de lo que ocurrió durante la guerra, sentí un gran alivio, se me quitó una carga de encima a pesar de que muchos de los señalamientos fueron contra la URNG.

Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. Me siento reivindicada. Todo eso ya lo sabíamos, era el secreto a voces de mi pueblo. Los que sobrevivimos sabemos de lo que sobrevivimos y qué gratitud tenemos por haberlo logrado. Yo no he perdonado todavía y no sé cuándo lograré perdonar. Esto es nuestra verdad, es el silencio que rompimos.

Héctor Mario Barrios Celada, ministro de la Defensa. No puedo decir nada en este momento porque no conozco a fondo el contenido del informe. Lo vamos a analizar dentro del Ejército y después podremos platicar. Sin embargo, creo que lo expresado no es más que el punto de vista de la Comisión. Es una verdad parcializada.

Leonel López Rodas, presidente del Congreso. No nos sacamos nada con seguir señalándonos unos a otros. Hay que tomar en cuenta las palabras de Otilia Lux de Cotí, cuando afirmó que es el momento de perdonar y de pensar en el futuro. Desde el Congreso apoyaremos los programas de resarcimiento colectivo para las comunidades afectadas.

Humberto Pretti, ex presidente de la Cámara del agro. Cuando se formó la CEH dijimos que era una comisión innecesaria, que sólo abriría nuevas heridas. Contribuimos a la reconciliación y continuamos generando trabajo y riqueza. El sector empresarial financió su propio defensa, pero nunca apoyó a grupos paramilitares.

Mario Mérida, ex director de Inteligencia Militar. Más que del Esclarecimiento Histórico, fue la Comisión de la Venganza. El informe tiene sesgos y se omitieron datos importantes. Hubo testimonios en contra de la guerrilla que no se aceptaron. La guerra fue entre los Estados unidos y la URSS. Nunca debimos haber estado en ella. 

Francisco Reyes, dirigente del FRG. El informe no afectará al FRG en particular. Los señalamientos no van en contra del general Efraín Ríos Mont, hablan del período de 1981 a 1983, en ese tiempo hubo tres gobiernos en Guatemala. Además, en Derecho existe un principio que dice que, cuando se hace acusación, se deben presentar pruebas. 

Nineth Montenegro, diputada por el FDNG. Ahora nos toca la responsabilidad de ver que se cumplan las recomendaciones. Estoy satisfecha con el informe. Si embargo para mi hija Alejandra, éste no fue suficiente. Ella faltó a sus clases en el colegio Belga con la esperanza de que dieran a conocer el paradero de su padre, pero no fue así.

 

 

ENTREVISTA

Hecha por Ronaldo Robles Bautista, de el Periódico, a Frank LaRue, Director del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH).

¿Qué opina de las conclusiones del informe de la CEH?

Esperaba un informe débil y limitado, incluso más que el de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Pero pasó lo contrario, pues lo superó en profundidad. En El Salvador se tomaron 36 casos típicos, pero acá se habla de más de deis mil casos documentados. Y, de éstos, se concluyen cosas muy espeluznantes. El informe justipreció en perfecta dimensión lo que fue la guerra. Además, explica que el conflicto no se originó en al antagonismo de dos partes, sino que se fundó en la estructura excluyente y racista de la sociedad guatemalteca.

¿A quién está dedicado ese señalamiento?

Al Ejército como institución, en sus diversas etapas. Sin embargo, se aclara que fue entre 1978 y 1983, cuando se cometieron los actos más deleznables, es decir: durante los regímenes de Lucas García y de Ríos Mont. Eso no implica que ellos sean los únicos responsables, también lo son los Ministros de la Defensa, jefes de los estados mayores de la Defensa y Presidencial, así como los presidentes militares que ocuparon sus cargos durante la guerra. Es por est que se pueden afirmar que la CEH, en el fondo, logró identificar a los responsables, pero sin nombrarlos.

¿Qué fue lo que más le sorprendió del informe?

Que se reconociera que en Guatemala se practicó el delito de genocidio, pues existió una actitud deliberada y racista de atacar a grupos étnicos para eliminarlos. De esa cuenta, los familiares de las víctimas podrán utilizar el informe como argumento para emprender procesos judiciales contra los militares responsables. Este será un argumento válido, porque si las Naciones Unidas aceptan que en Guatemala hubo genocidio, ¿quién puede rebatir eso?

¿Los militares responsables podrían ser enjuiciados e cualquier país del mundo?

Absolutamente, Y también en Guatemala, pues el genocidio está tipificado en el Código Penal.

¿Y eso será posible?

Esa es la nueva tarea. El genocidio deber ser comprobado en los tribunales guatemaltecos, amparados en la Convención Internacional contra el Genocidio. Desde hace un año CALDH documenta un caso de genocidio en contra de Efraín Ríos Mont. Este podría ser llevado a los tribunales en un año, pues él es responsable de la comisión de ese delito en varias regiones del país.

¿Le preocupa una posible respuesta violenta tras la entrega del informe?

Sí. Y puede que no sea contra alguno de los comisionados, sino contra activistas de derechos humanos o ex trabajadores de la CEH.

¿Por qué ese temor?

Por la claridad del informe. Fue mucho más allá de lo que nadie esperaba, lo que provocó que la sociedad civil esté eufórica. No obstante, esto podría implicar una respuesta represiva de las fuerzas más reaccionarias del país. Aun sí, el Estado debe asumir la responsabilidad de proteger a los comisionados y a los que trabajaron con ellos.

¿Tendrá el Gobierno la capacidad de poner en práctica la depuración interna del Ejército?

Será un reto difícil de cumplir. La actual estructura del Ejército, sin sufrir ningún cambio sustancial, es la sombra más grande del proceso de paz y de la reconciliación.

¿Podría el Gobierno restarle legitimidad al informe?

Creo que esa será la actitud. Es muy significativo que Alvaro Arzú haya prometido el perdón hace dos meses y ahora se haya limitado a sentarse entre el publico. Esto fue un error táctico de sus asesores. 

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